Todos hemos recibido correos o llamadas de empresas o entidades a las que no le hemos entregado nuestros datos para que nos contacten. En este contexto, la protección de los datos personales ha adquirido una relevancia crucial en la era digital, donde la información circula a velocidades vertiginosas. Chile ha dado un paso significativo con la implementación de la Ley 21.719, que busca fortalecer los derechos de las personas sobre sus datos y regular su tratamiento en el ámbito público y privado.
Promulgada el 25 de noviembre y publicada el 13 de diciembre de este año, la Ley 21.719 establece un marco normativo moderno para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales en Chile, alineándose con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Entre sus principales objetivos están:
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La implementación de esta normativa supone un cambio profundo en cómo las empresas gestionan la información. Algunas de las implicancias más relevantes incluyen:
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Un informe reciente de la Subsecretaría de Economía Digital reveló que un 65% de los chilenos siente desconfianza sobre cómo las empresas manejan su información personal. La Ley 21.719 busca revertir esta percepción y generar un entorno más seguro.
Además, casos recientes de filtraciones masivas, como la exposición de datos de clientes de grandes retail, han evidenciado la urgencia de contar con una regulación estricta. Las empresas ahora deberán implementar controles más rigurosos para evitar incidentes similares.
Con la entrada en vigor de la Ley 21.719, los ciudadanos chilenos podrán:
Aunque la ley representa un avance importante, su implementación plantea desafíos. Las empresas, especialmente las PYMES, deberán adaptarse rápidamente para cumplir con los nuevos requerimientos. Sin embargo, esta transición también abre oportunidades, como la posibilidad de destacar en el mercado mediante políticas de privacidad responsables y transparentes o la de convertirnos en una destino seguro de datos y atraer inversión que antes nos era esquiva por mantenrer un bajo estándar en esta materia.
La Ley 21.719 no sólo moderniza la protección de los datos personales en Chile, sino que también refuerza la confianza en el uso de tecnologías digitales. La responsabilidad recae ahora en todos los actores —Estado, empresas y ciudadanos— para garantizar que esta legislación sea un catalizador de un entorno digital más seguro y respetuoso con los derechos fundamentales.